Hay que destacar como principales procedimientos judiciales en el ámbito del derecho inmobiliario los siguientes:
 

DESHAUCIOS

 

El juicio de desahucio es un procedimiento judicial que tiene por objeto la recuperación por el arrendador de una finca  dada en arrendamiento.

El juicio de desahucio es el que pretende que el dueño o arrendador de una finca entregada en arrendamiento pueda recuperarla, ya sea  por falta de pago de la renta o de cantidades asimiladas a la misma (recibos de la comunidad de propietarios, impago del IBI por el arrendatario, recibos por suministros, etc.),  bien porque ha terminado el plazo de duración del contrato de arrendamiento, o por cualquier otra causa de resolución que se establezca en la Ley, por ejemplo, desahucio por precario.

Se distinguen DOS TIPOS de JUICIOS DE DESAHUCIO, según el procedimiento a seguir:

  1. Juicio de desahucio por falta de pago de la renta o de las cantidades asimiladas a ésta.
  2. El juicio de desahucio por terminación del contrato o por precario.
 

ARRENDAMIENTOS / CONTRATOS DE ALQUILER

 

Redactamos todo tipo de contratos de alquiler, ya sean de vivienda habitual, de arrendamiento de local o negocio o de cualquier otro tipo de negocio jurídico.

 
 

COMPRAVENTAS / CONTRATOS DE ARRAS O SEÑAL

 El contrato de arras es el acuerdo jurídico por el que se reserva el derecho sobre la vivienda mediante la entrega de una cantidad. Los contratos de arras son los más habituales, celebrados al amparo del art. 1454 del Código Civil.

 
 
RECLAMACIÓN DE DEFECTOS Y VICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN
 
 Tras la compra de una vivienda de nueva construcción, uno de  los problemas más habituales con los que se suele encontrar el comprador es la existencia de defectos en la construcción que provocan daños en la edificación.

Como garantía para el comprador ante estas situaciones, nos encontramos con la existencia de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en la que, además de establecerse cuales son las funciones y responsabilidades de cada uno  de los agentes que intervienen en la construcción, en su art. 17 determina los plazos de garantía que deben existir, dependiendo del tipo de defecto ante el que nos podemos encontrar.

En dicho artículo se establece un plazo de 10 años, si los daños se deben a defectos o vicios que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. Si los daños ocasionan el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad, el plazo será de tres años, mientras que si nos encontramos ante de defectos que afectan a elementos de terminación o acabado, el plazo será de un año.